sábado, 4 de febrero de 2023

El Incierto panorama político del Peru y una posible salida

 


                                                               Carlos Aquino, director del CEAS-UNMSM

Las protestas sociales en el Peru, que cada vez se vuelven más violentas, se desencadenaron el 7 de diciembre pasado cuando Pedro Castillo intento disolver el Congreso (en un intento de autogolpe de Estado), logrando ser solo destituido por el Congreso, y puesto en prisión. Estas protestan, que no han cesado y han ocasionado ya alrededor de 60 muertes hasta el 1 de febrero, piden la renuncia de Dina Boluarte, que remplazo a Pedro Castillo como presidenta, el cierre del actual Congreso de la República, y nuevas elecciones. También muchos de los manifestantes piden una Asamblea Constituyente que elabore una nueva Constitución en remplazo de la actual que es de 1993, e incluso algunos piden la liberación de Castillo.

Las protestas se han visto impulsados por grupos radicales, que promovió el gobierno de Pedro Castillo, en el objetivo de crear zozobra social en el país. Grupos violentistas, impulsados por remanentes de Sendero Luminoso, mineros ilegales, y sectores marginales en la sociedad aprovechan el caos para atacar instituciones e infraestructura pública, como juzgados, comisarias, aeropuertos (se intentó tomar 5 aeropuertos a la fuerza, y se destruyeron sus instalaciones en algunos de ellos), y establecimientos comerciales, lo que está penado por ley[1], y que ha sido la causa de la mayoría de las muertes que ha habido.

El gobierno de Dina Boluarte se ha mostrado pasivo ante esas violentas protestas, lo que las ha dado más impulso. Frente a este accionar, y ante un Congreso también desprestigiado e incapaz de promover una alternativa de solución a esas protestas, el adelanto de elecciones parece lo más pertinente. El problema es que los grupos violentistas que protestan piden que las elecciones sean de inmediato, mientras que en el Congreso no se ponen de acuerdo si debe ser este año o comienzos del próximo, en abril del 2023 por ejemplo. Se necesita por lo menos 87 votos (esto es, más de dos tercios de un total de 130) para que un adelanto de elecciones sea factible, decisión que debe ser ratificado en una segunda legislatura, y de no ser así tendría que convocarse a un referéndum, previa aprobación por mayoría simple del Congreso de un adelanto de elecciones, para que se pueda cambiar la Constitución en este punto[2].

Pero si se convoca a un referéndum este tomaría tiempo, quizás 9 meses o más, y las elecciones generales para un nuevo presidente y Congreso se darían recién en el 2023[3]. Y mientras el Congreso no tome una decisión el país seguiría sumido en la incertidumbre y con protestas cada vez más violentas. La presidenta Boluarte ha invocado hace unos días a que el Congreso convoque a elecciones este año 2023, y ha presentado una propuesta en ese sentido si el Congreso no lo hace. Pero ella solo puede presentar propuestas y la aprobación de adelanto de elecciones depende del Congreso. Se critica que Boluarte no tiene interés en que se acorte su mandato (varias veces ha dicho que no va a renunciar[4],[5]), y que si tuviera un interés real en que las elecciones sean pronto, podría renunciar ahora, pues de hacerlo asumiría su puesto el presidente del Congreso, pero este tendría que convocar inmediatamente a elecciones generales, que se llevarían a cabo, previa preparación, en este año 2023.    

Una razón para que no haya acuerdo de adelanto de elecciones es que la izquierda quiere que ese adelanto de elecciones también se acompañe con un referéndum donde se consulte a la población de si está de acuerdo con una nueva Constitución política. Y es que ese sector quiere que se haga una Asamblea Constituyente. Y otros grupos quieren que previo a una nueva elección se hagan reformas como el retorno a la bicameralidad, el tema de la reelección parlamentaria, el del voto de confianza cuando se instala un Gabinete, el de vacancia presidencial por incapacidad moral permanente, etc.[6]  También hubo una propuesta de que se convoque a una nueva elección general este año (en octubre quizás, y de ser necesario con una segunda vuelta en diciembre o enero del siguiente año) pero que sea complementaria, es decir que termine su mandato el 28 de julio del 2026 (culminando el periodo al que originalmente fue elegido Pedro Castillo), pero al final esta propuesta fue rechazada, como otra de Peru Libre, el partido que eligió a Pedro Castillo, que pedía elecciones generales prontas y al mismo tiempo una consulta para hacer una Asamblea Constituyente[7]. Esa propuesta de elecciones complementarias que fue rechazada, permitía que, al no ser en realidad una nueva elección, los actuales congresistas puedan ser reelegidos (algo que de acuerdo con la actual legislación no está permitido)[8].     

La lógica de hacer las elecciones para abril del próximo año es que el Congreso implemente algunas reformas que impidan que otra vez se tenga un Congreso disfuncional, con numerosos partidos, congresistas que abandonan sus partidos apenas son elegidos, congresistas con un pobre nivel intelectual y de honestidad, entre otras cosas (para ser elegido congresistas casi no hay condiciones, y pueden postular incluso personas condenadas por terrorismo, violación sexual, tráfico ilícito de drogas, si han cumplido su condena[9]). También se quiere hacer reformas, como las mencionadas en el párrafo anterior, para evitar la pugna que ha habido entre el Congreso y el Gobierno en los últimos años y que han hecho que el Peru tenga 6 presidentes desde que en el 2018 renuncio Pedro Pablo Kuczynski, antes de ser destituido por el Congreso por la causal de “permanente incapacidad moral”. Después de Kuczynski se sucedieron Vizcarra, Merino, Sagasti, Castillo, este último electo en elecciones generales del 2021, y actualmente Boluarte.

Castillo, que presidio un gobierno incapaz y corrupto, ha hecho lo mejor que ha podido para minar la institucionalidad política (que ya era débil) y promover la confrontación y la violencia que se vive hoy. El riesgo es que, ante la incapacidad del gobierno actual de manejar la crisis, y del Congreso también, y ante la violencia cada vez mayor, se apruebe elecciones generales para este año, y se elija otra vez un gobierno y un Congreso disfuncional, y se repita la confrontación entre poderes, y que ocurra otra vez una situación como la que se está viendo ahora.        

El conflicto social está ocasionando ya daños a la economía nacional. Por ejemplo, la Minera Las Bambas, cuya producción aporta el 1% al PBI del Peru, anuncio que desde el 1 de febrero ha paralizado su producción[10]. La minería ha sido un gran contribuyente al crecimiento económico del país, que hizo que el Peru haya sido en las dos últimas décadas la economía de mayor crecimiento en Latinoamérica. La minería, junto con la agroindustria, permitió que el Peru pasara de exportar casi 7 mil millones de dólares en el 2000 a 61 mil millones de dólares en el 2021. Por eso la agencia calificadora de riesgo Moody´s acaba de bajar de calificación al Peru de Baa1 de estable a negativa[11]. Aun así, Peru sigue siendo, con México, y Chile, uno de los países de mejor calificación ante los ojos de los inversionistas extranjeros, aunque esto es probable no se pueda mantener así.      

Lamentablemente ese crecimiento económico no ha llegado a todos por igual. Las protestas son mayores en la zona del sur del país (y en algunas del centro), en particular en la zona andina, que tradicionalmente no tuvo mucha atención de los gobiernos nacionales. Por eso Castillo por ejemplo gano ampliamente en esas zonas en las elecciones del 2021. Pero también ha habido corrupción e ineficiencia en la gestión de los recursos económicos por parte de los gobiernos regionales de esas zonas, como fue el caso del partido “Peru Libre” que llevo a Castillo al poder. Esa corrupción en el gobierno de Junín, una región en el centro del Peru que ha sido gobernada por muchos años por el partido Peru Libre, se replicó a nivel nacional con el partido en el gobierno central.

Los gobiernos regionales de las zonas del sur andinas son manejados casi en su totalidad por partidos radicales de izquierda, que han desperdiciado, o no han gastado, los ingentes recursos que esos gobiernos reciben, por las rentas que genera la actividad minera en particular (y que es abundante en esas regiones). Y también esos gobiernos regionales han estado/están involucrados en actos de corrupción. Lamentablemente la corrupción es general. Así, en el 2022, de las 25 regiones que hay en el Peru, 21 gobernadores regionales están presos o tienen acusaciones de corrupción[12]. Y esta involucra a todos los partidos o grupos políticos, independientemente de su orientación de izquierda, centro, o derecha. En el gobierno central también se tiene que casi todos los presidentes en el Peru desde 1990 en adelante han sido acusados de corrupción, algunos de ellos están presos, y varios enjuiciados.       

Justamente las acusaciones de corrupción, cada vez más graves contra el propio Castillo y su entorno, y que hiciera que por tercera vez se presente una moción de vacancia en su contra en el Congreso el 7 de diciembre, hizo que Castillo quisiera disolver el Congreso ese mismo día, en un autogolpe, en una medida que ni siquiera contaba con el apoyo de su propia bancada, ni menos de las Fuerzas Armadas, a las que invoco para que lo apoyen en su autogolpe. En el Congreso fue vacado por una absoluta mayoría y con votos de varios miembros de su propio partido (102 votaron a favor, 6 en contra, y hubo 10 abstenciones)[13]. Y la violencia que siguió y sigue aún podría decirse que ya había sido anunciado por el propio partido de Castillo antes, cuando algunos de sus ministros dijeron que de ser vacado este “correrían ríos de sangre”[14].

En todo caso, con un gobierno incapaz de manejar el país, y menos de poner orden en este, y un Congreso incapaz de ponerse de acuerdo en algo concreto como un adelanto de elecciones, lo mejor sería que, como dice un slogan en boca no solo de los manifestantes sino de la mayoría de la población, “que se vayan todos”, y se convoque a elecciones generales pronto, aunque como se dijo más arriba, esto augure que la inestabilidad política y la disfuncionalidad del sistema continue en el futuro.

                                                                                    

                                                                                                                  3 de febrero del 2023


[1] El Comercio: jueves 2 de febrero, página 9

[2]Según el artículo 206 de la Constitución del país. Ver Congreso de la Republica: https://www.congreso.gob.pe/Docs/constitucion/constitucion/index.html

[9] Diario El Comercio, viernes 3 de febrero 2023, página 6

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